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El Congreso de los Diputados aprueba Proposición No de Ley en apoyo a un Pacto de Estado por la Infancia
Imagen: Plataforma de Infancia
El pasado martes 18 de diciembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 334 votos a favor la Proposición No de Ley registrada por varios grupos parlamentarios, a iniciativa de la Plataforma de Infancia, en apoyo a un Pacto de Estado por la Infancia.
La Proposición No de Ley pretende el establecimiento de un Pacto de Estado por la Infancia análogo al exitoso Pacto de Toledo: un foro de diálogo interpartidista en el que se establezcan consensos orientados a maximizar la protección y la inversión de las niñas, niños y adolescentes.
Para lograr este objetivo el texto solicita una equiparación en la inversión en políticas de infancia de todas las Administraciones Públicas hasta alcanzar la media en la Unión Europea (2,4% del PIB). Además, con el horizonte de 2022, se asume el compromiso del incremento de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social hasta 1.200 euros anuales por menor a cargo, condicionado a un límite de ingresos fijado por los umbrales oficiales de pobreza.
Dentro del acuerdo alcanzado se incluyen también iniciativas en materia educativa, como la extensión de la educación infantil de primer ciclo y la creación por parte de las Comunidades Autónomas de 70.000 plazas públicas en escuelas infantiles que cubran gratuitamente la escolarización de las niñas y niños en las familias con menos recursos. Otro compromiso adquirido por el Pleno del Congreso es el aumento de la inversión en becas y ayudas al estudio, con especial foco en las etapas de educación obligatoria y post-obligatorias no universitarias, fundamentales para luchar contra el abandono educativo temprano, que afecta especialmente a las y los jóvenes en las familias los deciles más bajos de renta.
Por último, es importante mencionar el compromiso de identificar las partidas con impacto en infancia en los presupuestos de todas las Administraciones Públicas, utilizando indicadores objetivos que permitan realizar un seguimiento de cómo se distribuye la inversión con repercusión sobre niños, niñas y adolescentes.
